La agenda regional de DD.HH. se complica mientras la de Argentina se deteriora
Por Ezequiel Podjarny
Mientras cursaba la maestría en Derechos Humanos tuve la oportunidad de cursar una materia que se llamaba Reconciliación Política, y que tenía como uno de los principales ejemplos el proceso del Juicio a las Juntas Militares y la búsqueda de justicia frente a la comisión de crímenes contra la humanidad desde el Estado argentino durante la última dictadura. 40 años después, cuando la región es testigo nuevamente de la aparente perpetración de crímenes masivos de parte de un Estado contra su propio pueblo, como es el caso del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Argentina elige sentarse entre quienes prefieren mantenerse indiferentes, y refugiarse en discursos ideológicos para negarle a los venezolanos la misma justicia que a los argentinos nos encanta ostentar, y que parece haber consumido la totalidad de la narrativa de derechos humanos en el país.
El 2023 va a ser nuevamente un año lleno de desafíos para la democracia y las libertades fundamentales en América Latina. Algunos casos tristemente “tradicionales” como Cuba, Venezuela y Nicaragua no solo no muestran señales de mejora, sino que particularmente en el caso de este último, ha empeorado considerablemente. A estos se le suma la disolución del debido proceso en El Salvador, el colapso político y la violencia en Perú y la intensificación de la persecución política en Bolivia, mientras que cuatro de los mayores referentes de la región – Argentina, Brasil nuevamente con Lula a la cabeza, Colombia y México – mantienen políticas frente a estas situaciones que solo dificultan la movilización internacional para exigir respeto por los derechos y las instituciones.
El escenario expuesto en estos términos inspira cualquier cosa menos optimismo, aunque las oportunidades existen y señales positivas como la renovación de los mecanismos de investigación sobre Venezuela y Nicaragua durante el 2022 y las posturas firmes de países como Uruguay y – sorprendiendo a muchos – Chile no solo expresan que hay caminos disponibles para avanzar, sino que se pueden dar pasos concretos con un número considerable de Estados.
Pero así como la postura de Argentina en torno a la creación del Grupo de Lima y a la promoción de las primeras acciones concretas sobre Venezuela en 2018 fue clave, el papel que decida jugar el país puede ser nuevamente determinante. Lamentablemente, quedó claro que la elección del país, luego de que los máximos exponentes del país – incluyendo al Presidente y a la Vicepresidenta de la República – y de la coalición gobernante defendieran a los dictadores de la región en reiteradas ocasiones, se eligió utilizar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al Examen Periódico Universal (EPU), los más importantes foros y mecanismos de derechos humanos del mundo para elevar la discusión política doméstica, cooptar la narrativa de derechos humanos nuevamente y para buscar un aval internacional (que afortunadamente no existió) para socavar la independencia judicial, considerada como un pilar del sistema internacional de derechos humanos.
La presentación de informe nacional de Argentina durante el EPU es una oportunidad no solo para demostrar los avances y méritos del país en la materia, sino también para contribuir positivamente con el proceso, recibir recomendaciones de los Estados miembros y de renovar el compromiso del país con los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, el Secretario de DD.HH., Horacio Pietragalla optó por posicionar al Estado argentino como una víctima de la oposición y el poder judicial, utilizando el caso del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner como evidencia.
No hace falta aclarar que el intento de magnicidio representa un hecho de enorme gravedad institucional que debería ser un llamado de atención para todo el arco político. En vez de eso, el resultado es la continuación del deterioro del discurso de derechos humanos, sustentado en una división cada vez más profunda y alimentado por una retórica virulenta que proviene de múltiples direcciones y desde toda la sociedad argentina.
Y así nos encontramos frente a un combo lamentable: una región llena de desafíos y un país que supo ser líder, que afirma que todavía lo es, y que en vez de eso se desdibujó completamente. El año electoral que tenemos por delante no presenta una oportunidad para que este tema ocupe un lugar preponderante en la agenda nacional, pero si deja de manifiesto los riesgos que enfrenta Argentina mientras atraviesa un escenario político e institucional delicado.
Es por eso que quienes nos interesamos y preocupamos por la institucionalidad tendremos el deber de recuperar el discurso de Derechos Humanos y democracia republicana, tanto por la importancia que tendrá en Argentina durante este año, como para alimentar a una red regional de activismo democrático que sufre de una falta de grandes Estados que la acompañen, y que se verá obligada a redoblar sus esfuerzos para llegar al resto de la comunidad internacional.
