La sociedad civil expuso los desafíos y debilidades de la democracia argentina durante la visita de la Comunidad de las Democracias al país.
El pasado 24 de Julio, en el marco del proceso de renovación de la membresía de Argentina a la Comunidad de las Democracias, se realizó el Encuentro de la Sociedad Civil con la comitiva oficial del foro intergubernamental en el que se debatió la situación actual de la democracia en Argentina y los principales desafíos que se presentan de cara al futuro, en un contexto de severa crisis económica y social, y en medio de un proceso electoral abierto y complejo. Cultura Democrática, que es actualmente el punto focal para el Pilar de Sociedad Civil de la Comunidad en Argentina, fue la organizadora del encuentro.
La Comunidad de las Democracias fue creada en el año 2000, luego de la redacción y adopción de la Declaración de Varsovia: Hacia una Comunidad de Democracias que fue firmada por 106 países, y tiene como objetivo promover la cooperación y dar apoyo para la consolidación democrática, fomentando el diálogo sobre los desafíos que enfrenta la democracia. Actualmente, el Consejo de Gobierno de la organización cuenta con 28 Estados miembros que han asumido un compromiso con los valores y el trabajo del organismo.
El encuentro se realizó en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, cuyo vicepresidente, Francisco de Santibañes dio unas palabras de bienvenida. En ellas destacó la problemática de la apatía política, tanto en Argentina como en otros países de Occidente, como un síntoma de la crisis de representatividad y del desencanto general de la población con la oferta política.
Thomas Garrett, Secretario General de la Comunidad de las Democracias y líder de la comitiva oficial, se dirigió a la mesa en nombre de la organización. Garrett recordó que Argentina se unió al Consejo de Gobierno en 2016, pero que cuando se firmó la Declaración de Varsovia en el año 2000, la Comunidad fue la mayor reunión de democracias en la historia hasta ese momento, y que se dio en un contexto de optimismo y convicción sobre la fortaleza de la democracia, mientras el mundo seguía atravesando olas de democratización. Pero que 23 años después han emergido grandes desafíos como la apatía, el aumento de la desinformación, la intervención en los procesos democráticos desde el extranjero, entre otros.
Garrett destacó también la colaboración de la Comunidad con Argentina en el marco de organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se coordinan posturas de votación y articulación con otros miembros, particularmente durante la presidencia de Argentina durante 2022.
Enrique de Obarrio, Presidente de REDLAD y del Pilar de la Sociedad Civil de la Comunidad de las Democracias, remarcó el retroceso de la democracia en el mundo y que si bien se realizan elecciones transparentes, en muchos países no se aplica la democracia siguiendo todos los principios de la Declaración de Varsovia. Aclaró que si bien se puede recomendar la renovación de Argentina, esta reunión tiene por objetivo que dicha renovación – que depende del Consejo de Gobierno que se reunirá en septiembre – no sea un cheque en blanco.
Rescató que existen retos comunes en todos los países como la corrupción, la desigualdad, pero destacó particularmente el déficit de ciudadanía y de cultura democrática, y que si bien está bien cuestionar al poder política, hay que preguntarse cómo vota la gente y qué actitud tiene hacia la democracia.
Abriendo el panel de representantes de la sociedad civil argentina, Mariano Obarrio, Presidente del Movimiento por los Valores de la Argentina, hizo hincapié en lo delicado de la situación económica y social en Argentina, destacando que más de un 40% de los argentinos y más de la mitad de los niños son pobres. Y que aún con amplias políticas sociales, la situación empeora por la falta de generación de empleo privado y el exceso de empleo público, además de que hay un deterioro de la cultura de trabajo por el desincentivo que produce el asistencialismo. También recalcó la falta de concordia social y el aumento de la conflictividad y de las medidas violentas de protestas como los cortes de accesos y rutas. Instó a tomar el ejemplo del New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, particularmente en cuanto a las medidas que buscaban capacitar a jóvenes para introducirlos en el mercado laboral, y precisó que esa debe ser la herramienta para generar mayor inclusión.
Karina Kalpschtrej Directora Ejecutiva Adjunta de Poder Ciudadano se enfocó en la problemática de la corrupción. Explicó, que si bien la normativa vigente cumple con la mayoría de los estándares internacionales en lo formal, existe una situación de ambivalencia ya que el problema no está en la normativa, en realidad existe una inflación normativa ya que si bien estas existen y son modernas, el problema aparece en la implementación de políticas públicas y de las fallas en la cadena de valor anticorrupción, que incluyen la prevención, la detección temprana y de la sanción de la corrupción. También existen falencias en la recuperación de activos y en la reparación de los daños de la corrupción.
Hizo hincapié en las vacancias significativas que hacen al combate de la corrupción y de la democracia sustantiva, entre las que se destacan una necesidad urgente de reformar la Ley de Ética Pública, que aumenta los riesgos de corrupción y los riesgos por ineficiencia por sus propias falencias, al no estar adecuada a la práctica real y actual de la administración pública. También destacó que es necesario reforzar los mecanismos de control que no tienen “capacidad de mordida”, y que si bien se generan informes, nuevamente hay capacidades formales pero no efectivas de combatir la corrupción. Una vacancia importante es la ausencia del Defensor del Pueblo de la Nación, que depende de un acuerdo político que no se alcanzó en casi 15 años, y que hubiera sido importante en momentos como la pandemia para señalar e investigar irregularidades y arbitrariedad. También señaló que se produjo un retroceso importante en el derecho al acceso a la información pública durante la pandemia, aunque sí está reconocido en Argentina. Destacó además la importancia de la incorporación de la perspectiva de derechos humanos y de género en el sistema nacional de integridad, para poder considerar los efectos diferenciales de la corrupción en grupos vulnerables.
Otra importante falencia, indicó Kalpscthrej, es la falta de mecanismos de protección de denunciantes de corrupción, y finalmente destacó que un área importante en la que Argentina enfrenta un serio problema es en el ámbito del financiamiento de la política, particularmente en el uso indebido de recursos públicos para campañas electorales, el uso arbitrario y electoral de la publicidad oficial y la incapacidad de la regulación vigente que – si bien es casi perfecta – no logra registrar el financiamiento irregular de la política originada en flujos ilegales.
Alfredo Vítolo, Presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), se enfocó en la situación actual de la Justicia y el poder judicial en Argentina. Destacó la problemática de la falta de independencia judicial, los fallos de la política para llenar vacantes de jueces, del Defensor del Pueblo, del Procurador General de la Nación y de bancas en la Corte Suprema, lo que representa serios problemas estructurales y sistemáticos. Esto fue acompañado por ataques a la independencia judicial por parte del poder político, incluyendo amenazas de juicio político contra los que llevan adelante procesos en contra del poder de turno.
También señaló el uso de conceptos como el Lawfare para referirse a sentencias adversas para el gobierno y que genera un discurso que tiene como intención condicionar al poder judicial. Otro gran problema según Vítolo es la longitud de los procesos judiciales, que en muchos casos llevan años, se abandonan y quedan en la nada, y que llevan también a prescripciones y en una falta de sanciones.
Ezequiel Podjarny, Responsable de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de Cultura Democrática expuso la situación de la protección y promoción de los Derechos Humanos en Argentina. Señaló en primer lugar la grave crisis socioeconómica que atraviesa el país y su impacto en el goce de los derechos económicos y sociales, que se sigue agravando por el crecimiento del índice de pobreza y el número cada vez mayor de personas empleadas que caen bajo esa línea por la presión de la inflación. Destacó también, como los oradores anteriores, la gravedad de la ausencia del Defensor del Pueblo de la Nación, que si bien existen entidades que promueven los derechos humanos, el Defensor es la única institución independiente del poder ejecutivo que se ajusta a las Principios de París sobre Instituciones de Derechos Humanos, y que representa una herramienta clave para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por otra parte, destacó los principales señalamientos que se le hacen a la Argentina desde las organizaciones internacionales, entre las que se incluyen la preocupación por la sobrepoblación carcelaria y los hechos de tratos crueles e inhumanos contra personas encarceladas o en detención, los casos de uso excesivo de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad, las estadísticas alarmantes sobre violencia de género y femicidios y la erosión de la independencia judicial. También destacó los informes que señalan un aumento de las amenazas contra el periodismo, no solo por el discurso hostil de autoridades políticas, sino que también particularmente por las amenazas contra que investigan al narcotráfico.
Podjarny también señaló que hay preocupación entre la sociedad civil por las posturas que ha adoptado Argentina ante crisis de derechos humanos en la región como en los casos de Venezuela y Cuba, lo que lleva a cuestionar la actitud del gobierno hacia los principios básicos de la democracia, y cómo eso puede traducirse a nivel doméstico. Indicó que, a futuro, el principal desafío de la Argentina en la materia será no solo lidiar con estas situaciones, sino también lograr consolidar a los Derechos Humanos como los estándares básicos de la administración y las políticas públicas como parte del consenso de Estado, y que no sean solamente una bandera política enarbolada por oportunismo político.
En un segundo panel de organizaciones de la sociedad civil también intervinieron Mauricio Devoto, Director de CIVES, Centro de Estudios en Ciudadanía de la Universidad de Palermo, Daniel Roggero de Usina de Justicia también se refirió a la importancia de velar por la independencia judicial y el estado de derecho. Asimismo, Sonia Ramella, Directora de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad del Salvador, quien junto con Facundo Galván y la consultora Polilat trabajaron en el Índice de Desarrollo Democrático de la Argentina, señalaron que la dimensión federal en Argentina debe ser puesta en la discusión de la agenda democrática. Nuestra democracia federal es muy compleja, y lo propio se observa en los diversos aspectos vinculados al desarrollo en cada región. Tener una mirada que pretenda homogeneizar una realidad tan heterogénea como la que se da en el ámbito subnacional simplifica los diagnósticos y dificulta encontrar propuesta y vías de acción más adecuadas.
Lourdes Puente, Directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA resaltó que deben fortalecerse los espacios de diálogo y, también, destacó la falta de construcción de una identidad colectiva de la Argentina, invadida por parcialidades y grietas que dificultan el intercambio productivo y el desarrollo de políticas de estado. Continuamente hay refundaciones que no ayudan en absoluto a mirar hacia adelante, por ejemplo, con el tema de derechos humanos se observan muchas necesidades urgentes (en temas de género, infancia, pobreza) y, sin embargo, continúa primando una mirada hacia el pasado en esa agenda.
Parte de la delegación oficial se encontraba Gina Romero, Directora Ejecutiva de REDLAD, organización con sede en Colombia y Patricia Galdamez, Senior Advisor de la Secretaría General de la Comunidad de las Democracias, quienes tomaron notas para sumar al informe que se presentará con las recomendaciones de la renovación de Argentina en la Comunidad de las Democracias que se tratará en septiembre próximo.
