Soberanía y el dictador latinoamericano: Entrevista con Micaela Hierro Dori
Por Yoe Suárez
Micaela Hierro Dori es profesora de la Universidad del Salvador en Argentina y se ha dedicado a trabajar en la intersección de las relaciones internacionales y la ciencia política. Ha liderado organizaciones de la sociedad civil durante 20 años, con especial énfasis en la defensa de la democracia en América Latina.
A pesar de su juventud, conoce, como pocos otros latinoamericanos, la larga y ardua historia de resistencia cívica en Cuba contra el régimen de izquierda que la oprime y, por extensión, contra la colonia de ultramar en que se convirtió Venezuela bajo el chavismo y el socialismo del siglo XXI .
En esta entrevista, Hierro Dori ofrece una perspectiva esencial sobre conceptos como la “soberanía”, tan a menudo mal utilizados en la actualidad por quienes, tras la operación contra Nicolás Maduro el 3 de enero, se escudan en el “derecho internacional” para defender a un dictador.
En un artículo reciente sobre los sucesos del 3 de enero en Caracas, usted destacó que las declaraciones, informes y pronunciamientos de la ONU no impidieron la existencia de más de mil presos políticos, las prácticas sistemáticas de tortura ni el ejercicio de una política de terror. ¿Qué ocurría en Venezuela durante el gobierno de Maduro?
El dictador Nicolás Maduro, sucesor del otro tirano y populista, Hugo Chávez, con el apoyo y el asesoramiento del gobierno totalitario de Cuba, cometió crímenes de lesa humanidad con total impunidad.
Por otro lado, el sistema internacional intentó frenar las detenciones arbitrarias, las prácticas de tortura y las desapariciones forzadas mediante declaraciones e informes, instando al régimen a respetar los derechos humanos.
Parecía ignorar que quien comete estos crímenes para mantenerse en el poder ha llegado a un punto de «todo o nada»; ya no les importa su reputación internacional, ya han vendido su alma al diablo, no les queda nada que perder.
Usted siguió de cerca el proceso electoral venezolano del verano de 2024, en el que el Partido Socialista Unido, con Maduro como candidato, fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE). ¿Fue legítimo el proceso?
Desde el proceso electoral que tuvo lugar en Venezuela en 2012, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la imparcialidad con la que las autoridades electorales gestionaron la jornada electoral y el recuento de votos han sido cuestionados.
Sin embargo, el proceso del 28 de julio de 2024 fue un auténtico robo; ningún fraude se le podía comparar. Los funcionarios de la CNE ni siquiera se molestaron en ocultar que estaban cometiendo todos los delitos electorales imaginables: desde alterar o destruir papeletas hasta amenazar y hacer desaparecer a ciudadanos que ayudaban a supervisar y proteger el voto popular.
El debate sobre el término “soberanía” está en pleno apogeo. ¿Qué distinciones fundamentales podemos establecer entre la soberanía estatal y la soberanía popular?
La “soberanía estatal” es el poder supremo y exclusivo que ejerce el Estado como entidad jurídica y política dentro de sus fronteras territoriales, como, por ejemplo, la facultad de legislar y administrar. Por otro lado, la “soberanía popular” es la doctrina que afirma que el origen y la legitimidad de ese poder residen en el pueblo, quien es el titular original de la soberanía y la delega en las instituciones estatales mediante mecanismos democráticos como el voto, el establecimiento de límites y el control sobre el gobierno.
La integridad territorial es consecuencia directa de la soberanía estatal e implica la defensa de las fronteras como expresión jurídica y política del Estado. A su vez, se proyecta a nivel internacional mediante el principio de no intervención, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional consuetudinario.
En resumen: la distinción clave radica en que la soberanía estatal es el poder ejercido por el gobierno, mientras que la soberanía popular es la fuente de ese poder (el pueblo). Esto implica que el Estado está al servicio de la voluntad popular.
Ahora veamos el caso reciente de Venezuela . Allí, la soberanía estatal era ejercida por un presidente completamente ilegal e ilegítimo que, a su vez, violaba sistemáticamente los derechos humanos. Y ahí es donde chocaron las dos dimensiones de un mismo concepto.
La soberanía estatal no es absoluta; existen límites aceptados por la comunidad internacional, como la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, las violaciones graves y sistemáticas pueden activar mecanismos de protección como organizaciones supranacionales, tribunales internacionales y sistemas regionales de protección.
También está limitada por la Responsabilidad de Proteger (conocida en la jerga de la ciencia política como R2P) en casos extremos, como la comisión de genocidio o crímenes de lesa humanidad. De igual modo, debería estar limitada por tratados internacionales, ya que los Estados limitan voluntariamente su soberanía al adherirse o no a ciertos acuerdos. Estos límites redefinen la soberanía dentro de un orden jurídico internacional basado en normas comunes.
Usted escribió: “La ineficiencia —o insuficiencia— del sistema jurídico internacional puede interpretarse como inacción: inacción no debida a la falta de normas, sino a la incapacidad política para aplicarlas”. ¿Qué quiere decir con eso?
Hubo innumerables denuncias e informes que reconocían la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Cabe señalar que la Corte Penal Internacional (CPI) abrió formalmente una investigación contra Venezuela en 2021 por posibles crímenes de lesa humanidad relacionados con tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia contra opositores, etc. Desde entonces, se ha mantenido una investigación activa sobre estos hechos, pero aún no se han emitido órdenes de arresto internacionales contra altos funcionarios como el ahora depuesto Nicolás Maduro o el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
El proceso de investigación ha sido inusualmente largo, teniendo en cuenta la gran cantidad de pruebas disponibles, todas ellas presentadas ante la CPI.
Esta falta de acción concreta, la inacción ante los llamados al respeto de los derechos humanos, la liberación de presos políticos y la rendición de cuentas, está impregnada de una falta de voluntad política o de indiferencia. Esto resulta especialmente irresponsable ante la urgente crisis humanitaria que Venezuela sufre desde hace al menos 10 de los 26 años que la dictadura lleva en el poder.
Si bien la comunidad internacional se mostró inactiva, Estados Unidos tampoco tomó medidas unilaterales significativas (hasta el 3 de enero), a pesar de que existía una orden de arresto contra Maduro y Cabello por terrorismo y narcotráfico. Asimismo, organizaciones regionales como la Unión Europea no actuaron, imponiendo medidas restrictivas contra personas vinculadas a violaciones de derechos humanos mediante la congelación de activos y la prohibición de viajar.
¿Demuestra el caso venezolano y la prolongada inacción ante graves violaciones de los derechos humanos la urgencia de cambiar los mecanismos de poder y de toma de decisiones del sistema internacional?
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no tiene la facultad de imponer sanciones coercitivas, como prohibiciones de viaje, congelación de activos o embargos. Pero quizás debería tenerla. Estas medidas son competencia exclusiva de órganos como el Consejo de Seguridad.
Pero en ese organismo, debido al poder de veto de China y Rusia, socios de la dictadura venezolana, toda acción ha sido bloqueada.
La ONU ha propuesto convertir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos y del Examen Periódico Universal en obligaciones vinculantes de seguimiento, para que no se queden en meras exhortaciones. Incluso ha sugerido que, de no implementarse, se activen automáticamente calendarios de cumplimiento con evaluaciones y sanciones diplomáticas.
Para ello, sería importante reforzar la complementariedad entre la ONU y los mecanismos judiciales de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, de modo que los informes de la ONU, que a menudo documentan violaciones, se remitan a tribunales o mecanismos judiciales con potestad para hacerlas cumplir.
En su opinión, si la comunidad internacional reacciona con firmeza solo cuando se “viola” la soberanía territorial, pero tolera durante años la violación sistemática de la soberanía popular, “el mensaje es devastador: los derechos humanos se vuelven retóricos, la legalidad selectiva y la impunidad negociable”. ¿Ve usted paralelismos con lo que está sucediendo en otros países de la región, como Cuba hoy en día ?
Este doble rasero no es casual. Es estructural. Por lo tanto, existen paralelismos en Cuba, Nicaragua y otros países.
Durante décadas, el sistema internacional ha tratado a Cuba como un “caso político complejo”, y no como un país donde existe una violación sostenida de la soberanía popular. El resultado es el mismo mensaje devastador.
Mientras no se crucen las fronteras, mientras no haya otra Bahía de Cochinos , el sufrimiento interno puede manejarse diplomáticamente. En Cuba, como en Venezuela y Nicaragua, se ha establecido una lógica peligrosa: la represión se convierte en “contexto”, la falta de derechos en “modelo político”, la ausencia de democracia en “cultura política nacional”.
A diferencia de Venezuela, donde aún existe una disputa política más o menos abierta y una presión internacional intermitente, Cuba representa un caso de impunidad prolongada y «estabilizada». Al aceptar esta situación durante tanto tiempo, la comunidad internacional envía un mensaje implícito: algunas personas pueden vivir indefinidamente sin soberanía popular sin que ello constituya una emergencia internacional. Este mensaje socava el valor universal de los derechos humanos.
