Ciudad de Panamá, 24 de junio de 2026. En el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las organizaciones Cultura Democrática y Consorcio Justicia presentaron el Informe Analítico Final de la Consulta a la Sociedad Civil Independiente sobre sus propuestas y análisis ante una transición democrática en Cuba, junto con las propuestas del Acuerdo de Liberación, la hoja de ruta firmada por más de cincuenta organizaciones de la oposición cubana. El evento, realizado en el Hotel Sheraton Grand Panamá, contó con el acompañamiento de Human Rights Foundation, REDLAD, el Pilar de Sociedad Civil de la Comunidad de las Democracias; y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
La conducción estuvo a cargo de Lilian Lucena, oficial de programas de Consorcio Justicia, quien abrió la jornada con la pregunta que ordenó todo el encuentro: qué proponen, concretamente, quienes han resistido al totalitarismo para el día de la transición y para el día después en Cuba. Bajo la premisa de que «el futuro de Cuba debe escribirse con la voz de los cubanos», el evento buscó amplificar las propuestas de la sociedad civil independiente y tender un puente con la comunidad internacional y con las nuevas generaciones de líderes democráticos de América Latina y el Caribe.
Una consulta amplia y bajo reserva
El informe, conducido por Micaela Hierro Dori, presidente de Cultura Democrática y directora de la Academia de Liderazgo e Innovación Democrática (ALID), sintetiza un trabajo de campo realizado bajo la Regla de Chatham House, que permite usar la información sin revelar la identidad ni la afiliación de quienes la aportaron, una salvaguarda pensada para proteger a las personas que actúan dentro de la isla.
Entre el 27 y el 30 de abril de 2026 se celebraron cinco mesas redondas con treinta y un participantes de la isla y del exilio en Estados Unidos, Europa y América Latina: una de partidos políticos, dos de coaliciones y plataformas sociales, una de periodistas independientes y una de artistas e intelectuales. El ejercicio se complementó con diecisiete entrevistas individuales y treinta y cuatro reuniones virtuales privadas con referentes de la sociedad civil, intelectuales y activistas.
“La transición cubana no se improvisará; la logrará quien llegue preparado.»
— Micaela Hierro Dori
Consenso en el destino y matices en el camino
La tesis central del informe es que en el movimiento democrático cubano «existe consenso en el destino y matices en el camino». Según el documento, los actores consultados comparten un piso programático robusto —la liberación de los presos políticos, la despenalización del disenso, la restauración provisional de la Constitución de 1940, elecciones libres con observación internacional y una transición anclada en la consulta al pueblo— y reservan sus diferencias para el ritmo del cambio, el alcance de la presión externa y los límites de la justicia transicional.
El estudio advierte que leer esa diversidad de plataformas como «fragmentación» es un error analítico que, además, favorece el relato del régimen: lo que los datos muestran, sostiene, es pluralismo con vasos comunicantes, no enemistad. De hecho, el 90 % de los participantes prioriza la liberación de Cuba por encima de cualquier particularismo metodológico.
El informe también identifica los puntos donde sí persiste el desacuerdo: la eventual proscripción del Partido Comunista y la inhabilitación de cuadros del régimen, por un lado, y la pena de muerte para los responsables de violaciones graves de derechos humanos, por otro; cuestiones que, señala, deberán resolver los ciudadanos o sus representantes electos.
Tres escenarios y una brecha entre lo deseable y lo probable
El documento ordena el análisis en torno a tres grandes escenarios de transición y los compara según su probabilidad y deseabilidad. El reformista —una liberalización gradual conducida desde el poder— aparece como el más deseado pero el menos probable, con el riesgo de funcionar como válvula de escape que legitime un autoritarismo «mejorado». El de ruptura —un colapso abrupto del régimen— se evalúa como posible pero cargado de riesgos de vacío de poder, violencia y captura del proceso por actores no democráticos. Y el negociado —una salida pactada de la cúpula bajo presión internacional, con un gobierno de transición de mandato limitado— emerge como el más realista y, a la vez, el más compatible con una transición ordenada y legítima.
Esa distancia entre lo que más conviene y lo que está más a mano es, para el informe, el dato político central: define dónde debe concentrarse el esfuerzo.
En cuanto al rol de la presión internacional, la mayoría de los consultados respalda la presión diplomática y económica de Estados Unidos —e incluso una amenaza creíble del uso de la fuerza como catalizador— pero rechaza una intervención militar duradera, subordinando todo apoyo externo al principio de autodeterminación. Sobre si la intervención estadounidense es la única vía para iniciar la democratización, un 62,5 % de los participantes adopta una postura parcial o condicional, frente a un 21,88 % que la respalda de lleno y un 15,62 % que la rechaza. Aun así, la gran mayoría reconoce que sin presión externa el proceso es poco o nada probable. El informe subraya que la presión internacional es una condición necesaria, pero no suficiente: nada sustituye la organización interna, la movilización ciudadana y la preparación del «día después».
El Acuerdo de Liberación
El segundo bloque del evento estuvo dedicado al Acuerdo de Liberación, presentado como una de las expresiones más concretas de ese consenso. Firmado el 2 de marzo de 2026 y presentado en Madrid el 31 de mayo, el documento organiza la transición en tres fases secuenciadas: una de liberación (cese de la usurpación constitucional, liberación de presos políticos y disolución del aparato represivo), una de estabilización (ayuda humanitaria, servicios básicos y seguridad jurídica elemental) y una de democratización (reforma constitucional, legalización de partidos y elecciones libres). Su ratificación por organizaciones de la diáspora radicadas en España, Francia, Italia, Suiza y Holanda, destaca el informe, da cuenta del carácter transnacional del consenso democrático cubano.
Para exponer sus propuestas participaron dos de sus firmantes: José Daniel Ferrer, fundador y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) —preso de conciencia de la Primavera Negra de 2003 y desterrado al exilio en octubre de 2025—, y Yaxys Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid.
«La democratización en Cuba es urgente, y no por ‘reformillas’ que solo buscan ganar tiempo. Esas jugadas de engaño —156 reformillas— no son una transición.»
— José Daniel Ferrer, fundador de UNPACU
Los escenarios, a debate
El último bloque consistió en una ronda de diálogo con actores de la sociedad civil independiente. Participaron Ezequiel Podjarny, policy officer para las Américas de la Human Rights Foundation, y Carolina Barrero, historiadora del arte, activista y figura del movimiento 27N, fundadora de Ciudadanía y Libertad y becaria Sájarov del Parlamento Europeo. La conversación giró en torno a cuál de los escenarios analizados resulta más probable hoy y al rol específico que cada sector puede cumplir en esa trayectoria.
«La transición no se improvisará»
En el cierre, Hierro Dori sintetizó la tesis del trabajo. Cuba atraviesa una coyuntura crítica —cerco diplomático, colapso energético y económico, crisis humanitaria— que reabre, como no ocurría en tres décadas, la posibilidad real de un cambio, y la sociedad civil independiente llega a ese momento más preparada de lo que aparenta, con propuestas técnicas, memoria institucional acumulada y un instrumento de convergencia transnacional. Su desafío, según el informe, ya no es saber qué quiere, sino demostrar que está lista para conducir la transición con unidad mínima, legitimidad popular y vocación de Estado.
La prioridad inmediata, concluye el documento, no es generar más siglas ni más diagnósticos, sino articular, comunicar y proteger: sostener el piso común, posicionarlo ante la ciudadanía y la comunidad internacional, y resguardar la seguridad de quienes actúan dentro de la isla. El informe ofrece además un conjunto de recomendaciones a donantes y aliados internacionales: apoyar la concertación y no la fragmentación, anclar el proceso en la consulta al pueblo cubano, invertir en capacidades antes que en eventos, preparar el «día después» y hacer de la protección de las personas una condición transversal.
El informe recibió además la valoración de Dagoberto Valdés Hernández, fundador y director del Centro de Estudios Convivencia. Valdés consideró el ejercicio «muy alentador» por exponer, pese a las limitaciones del contexto, los puntos de consenso fundamentales y las diferencias razonables en los medios y las estrategias, con «saludable pluralidad, el indispensable respeto y una evidente creatividad».
