Cuba: Las autoridades deben cesar los actos de hostigamiento contra activistas de la UNPACU y su líder José Daniel Ferrer
En respuesta a los actos de intimidación y violencia cometidos de forma ininterrumpida durante los últimos dos meses por las autoridades cubanas contra miembros de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), su líder José Daniel Ferrer, y sus familiares, organizaciones internacionales de derechos humanos emitieron la siguiente declaración:
Hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que finalicen de inmediato el abuso policial, las detenciones arbitrarias de corta duración, las multas exorbitantes y los allanamientos a viviendas de los miembros de la UNPACU. La Seguridad del Estado debe poner fin a la vigilancia y al cerco impuesto para controlar el acceso a la casa de José Daniel Ferrer, que funciona como sede de la UNPACU. Las acciones más recientes se alinean con un patrón de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra los miembros de la organización y otros disidentes políticos. El Gobierno debe detener la persecución y las acciones represivas contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes, y deben liberar con urgencia a los más de 134 presos políticos que, según la organización Prisoners Defenders, permanecen encarcelados durante una peligrosa pandemia.
Es inaceptable que la comunidad internacional tolere el acoso y la represión contra los disidentes. Estos actos no deben normalizarse a los ojos de la opinión pública mundial. Cuba, que ha formado parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en dos ocasiones y que este año aspira a volver a ocupar un escaño, debe comprometerse con la Resolución 60/251 de la Asamblea General, que obliga a los Estados a cumplir con los más estrictos estándares en la protección y promoción de los derechos humanos.
Background
El 3 de abril de 2020 un tribunal de Santiago de Cuba condenó al opositor José Daniel Ferrer y a otros tres activistas de la UNPACU a cuatro años y medio de prisión domiciliaria, tras declararlos culpables del supuesto delito de “lesión y privación de libertad” contra otro ciudadano. Las acusaciones fueron presentadas en un juicio irregular realizado a puerta cerrada. Los cuatro activistas acusados se encontraban en prisión desde octubre de 2019.
Abogados independientes argumentaron que las autoridades cubanas habían violado el artículo 241 de la Ley de Procedimiento Penal cuando allanaron la casa del Sr. Ferrer sin una orden de detención o una de registro. En noviembre de 2019 el Parlamento Europeo también emitió una resolución condenando la detención arbitraria y las denuncias de tortura contra Ferrer.
Después de transferir a Ferrer de la cárcel al arresto domiciliario en 2020, las autoridades cubanas continuaron hostigando a los activistas de UNPACU y a sus familiares. Dese julio de 2020 estos hechos se han intensificado y se integran de una oleada de represión denunciada por la prensa y organizaciones internacionales de la sociedad civil.
Amnistía Internacional reconoció anteriormente al Ferrer como preso de conciencia mientras estuvo encarcelado de 2003 a 2011, víctima de una oleada de represión gubernamental contra disidentes, conocida como «Primavera Negra», durante la cual 75 personas fueron condenadas a largas penas de prisión bajo la Ley. 88 “De Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”.
En los primeros días de septiembre de 2020 las autoridades cubanas llevaron a cabo más de cincuenta detenciones y citaciones oficiales con el objetivo de prohibir la participación de grupos de la sociedad civil como UNPACU y otros activistas de derechos humanos en la “Revolución de los Girasoles”, una protesta pacífica convocada para el 8 de septiembre con la intención de animar a la ciudadanía a salir a las calles con un girasol o cintas amarillas en señal de protesta. El patrón de represión se ha acelerado durante la pandemia del nuevo coronavirus, a medida que aumenta la incertidumbre, agravada por una crisis económica de dimensiones extraordinarias. La militarización de las ciudades más grandes, especialmente La Habana, y los abusos policiales no solo contra los activistas sino también contra la población en general, incluidos los menores, constituyen elementos particularmente preocupantes.
