La Batalla por la Agenda Internacional de los Derechos Humanos

La lucha por proteger y promover los derechos humanos no se da enfrentando a cada tirano en su terreno, sino que empieza con la construcción de una cultura global de respeto y rendición de cuentas.

 

Existe un amplio debate sobre la eficacia de las organizaciones internacionales en lo que respecta a la protección y protección de los derechos humanos. Es cierto que la eficacia de instituciones como el Consejo de Derechos Humanos (y de la ONU en general) o de la OEA – para limitarnos a nuestra región – puede ser ampliamente discutida y puesta en tela de juicio, pero algo en lo que muchos académicos acuerdan es que por lejos, el mayor logro de la ONU y de otras organizaciones en esta área no es necesariamente alguna de las acciones que pudieron prevenir violaciones a los derechos humanos de forma exitosa, sino el haber incorporado el lenguaje y los objetivos relaciones a los Derechos Humanos en la agenda internacional cotidiana.

Este es un aspecto que puede parecer bastante menos emocionante y significativo cuando se lo compara con las iniciativas de sanciones económicas o intervenciones humanitarias en respuesta a violaciones serias de los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero la determinación de la agenda de los derechos humanos es, en realidad, la primera dura batalla que los defensores de la libertad deben dar, y que no es fácil de ganar.

El 18 de mayo, en un nuevo enfrentamiento en la guerra por instalar una cultura internacional de respeto por los derechos fundamentales, la Asamblea General aprobó una resolución extremadamente corta y concisa, pero con un impacto potencialmente muy alto: La resolución A/75/L.82 introduce la Responsabilidad de Proteger en la agenda permanente de la Asamblea General, agregando un debate anual sobre el tema. Este concepto pretende prevenir y combatir los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, todos fenómenos centrales en relación con la protección de los derechos humanos, y llama a la comunidad internacional a actuar cuando algún Estado incumple sus responsabilidades en esta área.

La resolución fue aprobada, pero solo con 115 votos a favor de entre los 193 miembros de la Asamblea General. ¿Quiénes se opusieron? Si nos concentramos en los 15 países que votaron en contra (el resto se repartió entre abstenciones y ausentes), sale a la luz un grupo de Estados particular que ha estado al frente de los esfuerzos por detener las iniciativas serias de respuestas ante violaciones de Derechos Humanos: Rusia, China, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Siria, Corea del Norte y Eritrea son algunos de los que forman parte de esta coalición de Estados que no solamente son considerados como algunos de los peores violadores de los derechos humanos del mundo, sino que también son la punta de lanza para protegerse entre ellos y a quienes se adhieren como cómplices para promover la impunidad a nivel internacional.

Son los mismos países que mantuvieron la situación de Venezuela fuera de la agenda internacional durante años, que casi lograron impedir que se apruebe una resolución sobre Irán en el Consejo de Derechos Humanos y que lograron aprobar en ese mismo foro una resolución que elogia al régimen de Maduro. Son los mismos que han publicado comunicados felicitando a China por su política hacia las minorías islámicas de su país, negando el genocidio cultural de pueblos como el Uigur, siendo este un caso en el que la Responsabilidad de Proteger debería implementarse para detener los abusos.

Las discusiones sobre el contenido de los derechos humanos y como deben implementarse están presentes tanto en los círculos académicos como en la política, y los desacuerdos llegan hasta sus aspectos más fundamentales. Pero la problemática de este escenario no se trata solamente de cómo interpretamos los derechos humanos, sino de que aún en los casos en los que se ven claros ejemplos de violaciones bajo parámetros ya acordados por la comunidad internacional, integrados al derecho internacional y reconocidos por estos mismos Estados al haber ratificado tratado o mismo luego de acceder a ser miembros de la ONU, lo que se busca es socavar los mecanismos que tienen las organizaciones internacionales para prevenir y detener violaciones a los derechos humanos.

Es esta la batalla central que se libra en cada uno de los debates sobre situaciones específicas de derechos humanos, y nuestra región cuenta con varios ejemplos en los que esto queda en evidencia. Los ejemplos de Cuba, Venezuela y Nicaragua – si bien no son los únicos escenarios latinoamericanos donde se podrían señalar situaciones preocupantes de derechos humanos y falta de democracia – son los más prominentes y de más alta gravedad por su impacto en la calidad de vida de sus habitantes y por el alto número de abusos perpetrado por el Estado.

En el ejemplo de Venezuela en particular no se produjo una respuesta coordinada regional frente a lo que ya era una situación humanitaria complicada y un severo deterioro institucional – cuando ya había un alto número de presos políticos, abusos de poder, censura a medios independientes y persecución a opositores – hasta 2017 con la creación del Grupo de Lima, lo que después abrió la puerta para la primera resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU incorporando la situación de Venezuela a su agenda. Aún así, luego de varios reportes en los que la ONU criticaba duramente al régimen de Maduro, él mismo dio un discurso en Ginebra, y en 2020, se aprobaron dos resoluciones sobre Venezuela, una de las cuales redactadas por la misma delegación venezolana (junto a Irán y Siria) en la que se enmarca la cuestión la cuestión de los derechos humanos en Venezuela como un asunto que requiere “asistencia técnica”.

Es decir, la batalla por la agenda internacional de los derechos humanos sigue en curso, y los países de América Latina tienen el potencial de jugar un rol clave en su definición. Pero así como las iniciativas por enfrentar situaciones difíciles de derechos humanos pueden encontrar resistencia internacional de aquellos que se oponen a la rendición de cuentas, estas están definitivamente condenadas al fracaso si quienes las defienden las abandonan, y con esto apunto directamente contra la postura del gobierno argentino, que pasó muy rápidamente de ser un líder regional en la protección de los derechos humanos, a un cómplice de quienes los violan.

En su postura por momentos ambivalente y en otros momentos directamente alineada con el régimen de Maduro, Argentina está abriendo la puerta a una serie de cuestionamientos contra quienes intentan hacer que el régimen rinda cuentas y que modifique su comportamiento, poniendo en riesgo los esfuerzos de años que fueron necesarios para que la comunidad internacional reaccione frente a la realidad en Venezuela. Los cambios de color político de un gobierno de turno no justifican un realineamiento con un gobierno internacionalmente reconocido como autoritario y que enfrenta una presentación de cargos de crímenes de lesa-humanidad de parte de la OEA, sumado a las extensas críticas de la ONU y sus referentes en la materia.

Debemos tomar seriamente el hecho de que la lucha por los derechos humanos no se da exclusivamente con cada gobierno en su contexto, sino que las garantías para prevenir violaciones deben venir de la construcción de una cultura de respeto de las normas y rendición de cuentas a nivel global Y coordinada. De lo contrario, el riesgo de que existan deslices autoritarios solo seguirá aumentando en un clima de impunidad global.

 

Ezequiel Podjarny (@ezepodjarny)

Lic.en Relaciones Internacionales y estudiante de MSc in Human Rights – London School of Economics. Miembro de la Comisión Directiva de Cultura Democrática