Campaña por el marco legal y fiscal para el fortalecimiento de la sociedad civil “mejores reglas para las organizaciones”
Está claro que desde el restablecimiento de la democracia en el año 1983 se ha producido un significativo crecimiento del sector social en nuestro país evidenciado no tan solo en el número y variedad de organizaciones, sino también en la amplitud temática de las mismas, en la cantidad de personas comprometidas en causas sociales y solidarias, así como también en la identidad y sentido de pertenencia que este desarrollo ha traído consigo.
En ese sentido, durante estas décadas no puede soslayarse el gravitante rol asumido por muchas de esas organizaciones y las múltiples iniciativas comunitarias informales durante las graves crisis económicas que sufrió nuestro país, que arrastró a millones de argentinos y argentinas a la pobreza y que trajo como consecuencia el papel protagónico en la ejecución de políticas sociales. Esta situación también la hemos podido constatar con claridad durante la pandemia del COVID 19 que venimos atravesando.
Sin embargo, el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil no ha tenido correlato en una normativa adecuada, específica, que permita promoverlas, apoyarlas y fortalecerlas.
Evidentemente, con el pasar de los años, a pesar de las innumerables iniciativas para lograr un marco legal y fiscal que contemplara su verdadera naturaleza y lo novedoso de su fenómeno, no han alcanzado para revertir esta situación y lograr los cambios necesarios.
Es por ello, que los y las abajo firmantes hemos decidido lanzar una campaña federal por un marco legal y fiscal que nos fortalezca, que reconozca las condiciones necesarias para sostener nuestro trabajo cotidiano y las dificultades que nos provoca el no tener una normativa adecuada.
La exigencia y altos costos de trámites infinitos que debemos cumplir las organizaciones por parte de los organismos de control y fiscalización, la falta de reconocimiento de nuestra naturaleza jurídica en el tratamiento fiscal -muchas veces recibiendo el mismo tratamiento que una empresa-, la ausencia de una normativa que contemple la labor de las trabajadoras y los trabajadores en nuestras organizaciones, el tratamiento indiferenciado en las exigencias que se establecen para aquellas organizaciones que poseen escaso patrimonio porque su mayor capital es el recurso humano que las sostiene, entre otras dificultades desalienta y genera obstáculos muchas veces difíciles de sobrellevar.
Creemos que el rol que cumplimos es esencial para la construcción de una sociedad democrática y de equidad, que cuando trabajamos en forma articulada junto con el Estado se producen las mejores políticas sociales hacia los sectores más necesitados. Buscamos una mejor legislación sin desmedro de la necesaria función de contralor que deben cumplir los organismos gubernamentales en el cumplimiento de los fines que nos guían.
Es por ello que solicitamos el pleno reconocimiento de nuestras organizaciones a través de una normativa adecuada que nos incentive a seguir creciendo y que permita jerarquizar el espacio público en la necesaria complementariedad que debe existir entre el Estado y la Sociedad Civil.
